Al parecer, el gobierno nacional guiado por las últimas encuestas, sigue apostado por intentar polarizar el país mediante el uso excesivo de la fuerza y la criminalización. Justamente, cuando el conflicto había tenido un descenso y el país afronta el peor momento de la pandemia.
Mientras, hace pocos días, se lograba el levantamiento voluntario de los puntos de resistencia en Cali, producto de una ardua labor de diálogo entre el gobierno local y jóvenes manifestantes. Como también sucedió de manera ejemplar en la ciudad de Cartago, semanas antes como lo reseñó el periodista, Víctor de Currea-Lugo.
Desde el ejecutivo nacional, parecen empecinados en hundir al país en una espiral de violencia. Apoyados en la complacencia de la Defensoría, la Fiscalía y la Procuraduría, esta última cumpliendo funciones de policía política tras un robustecimiento burocrático.
A los últimos sucesos, provocados por el gobierno como el levantamiento de la mesa de negociación con el Comité de Paro y el hundimiento de proyectos de ley presentados por la oposición, ahora se le suma la presentación de un proyecto de ley antidisturbios.
El cual, en la misma lógica de echarle gasolina a la conflictividad social, busca legitimar el discurso de terrorismo urbano y la criminalización de la protesta social. Trasladando culpas y usando los últimos cheques que le quedan para sofocar los vientos de cambio electoral. El ambiente político se encuentra enrarecido tras el presunto atentado del ELN, a la brigada 30 de Cúcuta el 15 de junio, del cual este grupo armado ha negado su participación, y cuya investigación preliminar reveló las fallas en la seguridad de las instalaciones militares. Por lo que se sospecha de la posible participación de militares en el accionar delictivo.
Además, como lo señalaron medios internacionales, el ataque al helicóptero donde viajaba el presidente Duque, en días pasados durante una visita al Catatumbo, produjo nuevamente dudas sobre su veracidad para diversos sectores. Lo que confirma que tras permitir la visita de la CIDH, la estrategia internacional va en dirección de tensionar las relaciones con el gobierno de Maduro para distraer la atención a la grave situación de DDHH.
A su vez, como estrategia interna después de tres meses del inicio del Paro Nacional, el desgaste social y la represión sistemática son la apuesta del gobierno, que reintentará la presentación de una serie de reformas económicas antipopulares durante este nuevo periodo legislativo.
Esperando lograr la radicalización de algunos grupos de Primera Línea, fragmentando el apoyo popular y permitiendo consolidar una propuesta electoral, apoyado en la alianza que lo sostiene. Conformada por el Centro Democrático, el partido de la U, liberales, conservadores, Cambio Radical, MIRA y Colombia Justa y Libres.
En este cóctel explosivo, se deben tener en cuenta: la suspensión del primer semestre en 22 universidades públicas, la aparición de parte del cuerpo de Santiago Ochoa en Tuluá el pasado 19 de junio, las más de 70 personas que siguen sin aparecer, hechos de paramilitarismo, violencia social contra personas trans y las crecientes cifras de abuso policial.